El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su “más enérgico repudio” a los agravios e imputaciones formulados por el diputado bonaerense Juan José Esper, a partir del proyecto presentado para proteger a los profesionales de la salud que ejerzan la objeción de conciencia.
En declaraciones periodísticas, el legislador cuestionó el rol de los Colegios Profesionales y planteó que determinadas comunicaciones o resoluciones podrían constituir una suerte de “tribunal de disciplina implícito” sobre las convicciones de los trabajadores de la salud.
Frente a estos planteos, el Consejo Superior del Colegio de Médicos fue contundente al señalar que las afirmaciones del legislador son “malintencionadas y falsas”, que “distorsionan de manera flagrante la realidad” y resultan “diametralmente opuestas a la histórica postura y labor deontológica” de la institución.
En tal sentido, el Colegio recordó que el poder de policía que el Estado delega en estas entidades, establecido por la Ley Provincial 5413 y sus modificatorias, “no constituye una herramienta de persecución, sino la garantía fundamental de que la práctica médica se ejerza con solvencia científica, decoro y apego irrestricto a los códigos de ética”.
Asimismo, rechazó la acusación de que los Colegios puedan “avasallar derechos individuales” o funcionar como “tribunales implícitos”, calificándola como “un ataque infundado a la institucionalidad médica y un desconocimiento absoluto del marco legal vigente”.
La objeción de conciencia está protegida
En relación con el eje central del proyecto de Esper, el Consejo Superior destacó que la objeción de conciencia ya se encuentra expresamente reconocida y protegida por el Código de Ética Médica. De hecho, la normativa establece que se trata de “un derecho imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional” y que de su ejercicio “no se puede derivar ningún tipo de perjuicio para el médico que la invoca”.
De este modo, el Colegio de Médicos remarcó que la libertad de conciencia de los profesionales no está en discusión y que la institución ha sido históricamente garante de ese derecho.
Al mismo tiempo, defendió el rol de los Colegios en el control ético y profesional de la actividad médica, destacando que se trata de instituciones democráticas, plurales y reglamentadas por ley. “Los Colegios no operan mediante directivas arbitrarias”, sostuvo el comunicado.
Exigen una retractación
Ante la gravedad de las acusaciones, el Consejo Superior exigió “la inmediata y formal retractación del legislador frente a las imputaciones falsas y maliciosas vertidas contra los Colegios Profesionales”.
Asimismo, la institución reafirmó su compromiso con la ética médica, la libertad y autonomía profesional y la seguridad jurídica, y advirtió que desconocer el rol constitucional de los Colegios “no hace más que debilitar los estándares asistenciales y desproteger tanto al médico como al paciente”.
Finalmente, la entidad colegiada sostuvo que “el debate sobre la objeción de conciencia debe darse con responsabilidad y conocimiento del marco legal y ético que regula el ejercicio de la medicina, sin deslegitimar a las instituciones profesionales encargadas de garantizarlo”.
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