La respuesta no puede encontrarse únicamente en las últimas décadas. Es el resultado de una historia que comenzó hace más de un siglo.
La expansión territorial impulsada por el gobierno nacional entre fines del S.XIX permitió incorporar millones de hectáreas a la producción, extender el ferrocarril y consolidar un modelo agroexportador que convirtió a la Argentina en uno de los principales proveedores de alimentos para Europa. Pero ese mismo proceso dejó una característica que marcaría profundamente la estructura rural: una elevada concentración de la propiedad de la tierra.
Millones de inmigrantes, principalmente italianos y españoles, llegaron con la esperanza de convertirse en propietarios. Argentina pasó de tener una población de 1,1 millones de hab. en 1850 para alcanzar los 11,8 millones de hab. en 1930. En la mayoría de los casos terminaron siendo arrendatarios o peones rurales. De esa realidad nació, en 1912, el Grito de Alcorta y posteriormente la Federación Agraria Argentina (FAA), que expresó las demandas de pequeños y medianos productores frente a un sistema dominado por grandes propietarios.
En la vereda opuesta a los chacareros se encontraba la Sociedad Rural Argentina (SRA), fundada el 10 de julio de 1866 durante la presidencia de Bartolomé Mitre. Desde sus inicios, la SRA agrupó a los grandes propietarios de tierras y se convirtió en un actor político de primera línea. No solo financió la Conquista del Desierto, sino que ha mantenido una relación simbiótica con los sectores de poder.
Su historia está relacionada en alianzas con dictaduras militares y los conservadores, y de fuertes enfrentamientos con gobiernos populares como los de Hipólito Yrigoyen y el Gral. Juan D. Perón, a cuya legislación laboral se opuso ferozmente. Esta cercanía al poder fue vista por muchos como una defensa de sus intereses particulares por encima del interés nacional, contribuyó a cimentar la imagen de un campo "oligárquico" y enemigo del pueblo, una percepción que, siendo injusta con el productor medio, tiene raíces históricas innegables.
Desde entonces comenzaron a convivir dos realidades rurales muy diferentes. Por un lado, los grandes establecimientos representados históricamente por la SRA. Por otro, el universo de chacareros, cooperativas y productores familiares que construyeron buena parte del entramado productivo del interior argentino.
Esa diferencia muchas veces desapareció del debate público. Con frecuencia, el "campo" fue presentado como un bloque homogéneo, cuando en realidad reúne actores con intereses, escalas y problemáticas muy distintas.
Hubo dos momentos tensos entre el gobierno y el campo. Primero, la crisis de deuda de los chacareros argentinos en 2003: fue el resultado de años de endeudamiento en dólares durante la convertibilidad, que tras la devaluación dejó a 44.000 pequeños productores endeudados y al borde de la quiebra; los intentos de remates de campos por parte del Banco Nación y los cortes de ruta organizados por la FAA simbolizaron la resistencia rural frente a un esquema financiero que expulsaba a los pequeños y medianos productores, y marcaron el inicio de una etapa de desendeudamiento posterior, aunque sin resolver la fragilidad estructural del agro bonaerense.
Segundo, en 2008 con la Resolución 125. Por primera vez, el campo logró una alianza con sectores de la clase media urbana, que salieron a las rutas y a las plazas a apoyar el reclamo. Sin embargo, aquella alianza fue más una expresión de descontento general con el gobierno que un verdadero pacto de defensa de los intereses del campo. La ciudad se sumó al reclamo, pero no necesariamente comprendió la profundidad de la problemática agropecuaria, y la unidad se desvaneció tan pronto como el conflicto amainó. La oportunidad de tender puentes duraderos entre el campo y la ciudad se perdió en confrontaciones ideológicas.
Y quizás allí resida el mayor error argentino. Durante décadas discutimos cómo distribuir la renta agropecuaria, pero muy poco sobre cómo utilizar esa renta para construir nuevas industrias, laboratorios y formación de profesionales.
El productor argentino ha sido extraordinariamente eficiente para incorporar tecnología dentro del lote. Hoy utiliza agricultura de precisión, biotecnología, siembra directa, semillas mejoradas, drones, imágenes satelitales e inteligencia artificial aplicada al manejo agronómico. Paradójicamente, esa misma capacidad innovadora rara vez logra traducirse en la creación de industrias de mayor valor agregado fuera del establecimiento.
Los datos ayudan a comprender esta limitación. Según el Índice FADA, en junio de 2026 el gobierno nacional absorbía el 61,9% de la renta agrícola (la provincia se queda con 9,3% y los municipios con el 1,1%). Más allá del debate tributario, el dato relevante es otro: el resultado económico disponible para el productor representaba apenas el 8,5% de esa renta -que es lo que efectivamente queda como margen de ganancia después de cubrir impuestos y renta de la tierra-.
Esa cifra obliga a formular una pregunta incómoda. ¿Cómo puede un productor financiar una planta industrial, asociarse para construir una fábrica de alimentos, participar en una empresa de biomateriales o invertir en un laboratorio privado de investigación si el excedente económico disponible resulta cada vez más reducido?
La industrialización no surge únicamente de una decisión política. Requiere acumulación de capital, de asumir riesgos, de invertir durante años antes de obtener resultados.
Un laboratorio de genética vegetal puede necesitar varios años para desarrollar una nueva variedad. Una empresa de biotecnología debe sostener equipos de investigadores durante años antes de comercializar un producto. Una planta de molienda, una fábrica de bioetanol o una industria de proteínas vegetales demandan inversiones que difícilmente puedan financiarse cuando el principal objetivo del productor es reunir el capital necesario para afrontar la próxima campaña.
La experiencia argentina muestra además que este problema no es nuevo. En junio de 2015, el Índice FADA alcanzó un récord histórico: la participación estatal sobre la renta agrícola llegó al 93,5%. Tres meses después alcanzaría incluso el 94,1%. Aquellos valores reflejaban una situación excepcional, pero también demostraban hasta qué punto la capacidad de acumulación del sector podía verse comprometida.
Mientras tanto, la mayor parte de la recaudación continuó concentrándose en el Estado nacional. Provincias y municipios, precisamente donde se produce la riqueza y donde deberían radicarse las nuevas industrias, reciben una participación mucho menor de esos recursos.
Allí aparece el verdadero desafío para provincias productivas como Buenos Ayres. El objetivo ya no debería limitarse a producir más toneladas de soja, trigo o maíz. Tampoco alcanza con exportar más granos...el desafío consiste en que cada tonelada genere también más ciencia, más tecnología, más empleo calificado y más empresas.
Eso significa promover plantas de transformación, cooperativas industriales, polos biotecnológicos, laboratorios privados que trabajen junto al INTA, universidades y centros científicos, empresas dedicadas a biomateriales, bioenergía, proteínas vegetales, alimentos funcionales y nuevos desarrollos industriales.
En definitiva, el desafío no consiste en abandonar el modelo agropecuario. Consiste en completarlo.
Porque una tonelada de maíz exportada genera divisas. Pero esa misma tonelada convertida en alimentos, energía, biomateriales o tecnología genera algo todavía más valioso: desarrollo territorial.
Durante más de un siglo la Argentina discutió cómo repartir la riqueza que producía el campo. Quizás haya llegado el momento de comenzar a discutir cómo utilizar esa riqueza para construir la próxima revolución productiva.
