La Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil difundió un documento en el que cuestiona la aplicación del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) durante las últimas dos décadas y advierte sobre las consecuencias del crecimiento urbano sobre las zonas serranas. Bajo el título “¿Qué ciudad queremos? Sin impunidad, ni privilegios, con Sierras y derecho al hábitat”, la organización plantea críticas a la gestión municipal, denuncia un uso discrecional de las excepciones urbanísticas y reclama una política de ordenamiento territorial que garantice la preservación ambiental y el derecho al hábitat.
A continuación, el documento comple
¿Qué ciudad queremos? Sin impunidad, ni privilegios, con Sierras y derecho al hábitat
Después de dos décadas desde la aprobación del PDT y de una misma gestión a cargo de su aplicación, los hechos que se pueden verificar son los siguientes:
- Loteos y construcciones indebidos se han desarrollado en la Zona Natural Protegida Sierras de Tandil, contrariando las estrategias fundamentales de la norma vigente.
- La ciudad creció en forma dispersa y en gran parte sobre las Sierras
- Los servicios no se han completado en las zonas urbanizables. Al mismo tiempo, el crecimiento disperso y en las Sierras genera situaciones de difícil resolución e impacto ambiental, urbanístico y económico negativo.
- La gestión pública por acción y omisión provoca una fuerte desigualdad ante la ley y en el acceso al hábitat. Significa degradación de la Naturaleza, de la ciudad y aumento en las dificultades para el acceso a la tierra y la vivienda.
Van eclosionando distintos problemas relacionados: aumento de riesgo de anegamientos e inundaciones, aumento de riesgo de contaminación de cuencas hídricas, del agua superficial y subterránea, demanda de servicios cuya provisión es cara y dificultosa en áreas serranas y dispersas (infraestructura, residuos, transporte, etc.).
Con esta gestión pierde la naturaleza, Tandil como ciudad y partido y la gran mayoría de la población. Sólo gana un minúsculo grupo y sus asociados, quienes se apropian de la renta inmobiliaria.
Como lo explicara con profundidad y solvencia el Arq. Reese, en encuentro reciente sobre “¿Qué ciudad queremos?”, en nuestra Universidad, y ante gran número de dirigentes y profesionales, comprender y regular el mercado inmobiliario es central para garantizar el derecho a la ciudad y al hábitat.
No alcanza con la letra de un Plan de Ordenamiento por mejor que sea, debe haber una gestión capaz de entender el crecimiento de la ciudad como un sistema complejo y con regulaciones efectivas para que los intereses particulares se desarrollen respetando el interés general.
En el Plan vigente, existen los elementos para una gestión pública diferente a la que se ha hecho en estos 20 años. Baste como ejemplo que la idea de plusvalía urbana, es decir el incremento del valor de cambio de una propiedad no generado por su propietario sino por la ciudad en su conjunto, debe ser participada a la ciudad, no se ha utilizado con este sentido. Por el contrario, se ha utilizado en forma distorsionada, como el pago que ofrece un particular al estado a cambio de que se le otorgue una excepción. Excusa inadmisible para dar un privilegio, o venderlo indebidamente y a precio vil. Por ejemplo: un piso demás en un edificio frente a la plaza central a cambio de unos pesos, un pequeño aumento de una tasa a cambio de habilitar un uso prohibido, un terrenito a cambio de dejar lotear un terreno de una ZEIU, una parte del presupuesto de una obra necesaria para habilitar excepcionalmente un edificio para un colegio privado en lugar indebido, etc. etc. El interesado pagando por hacer algo prohibido no es plusvalía urbana, aunque así lo hayan denominado en numerosos convenios urbanísticos.
¿Qué pasa cuando la misma “autoridad de aplicación”, “aplica” discrecionalmente la norma vigente, es decir no la cumple?
Esa es la madre de las preguntas. Máxime cuando, cercana la finalización de la actual gestión de gobierno municipal, se quiere dejar todo enmarcado en una reforma de norma que podría simplemente blanquear todas las irregularidades y consolidar todos los casos en puerta que no entran en este plan, como la urbanización del predio del Auto Club, entre muchos otros
Por último y por si fuera necesario, manifestamos una vez más que no se trata de “debilidades de gestión”. La inacción ante casos denunciados en los medios con fotos y localización durante varios años, la proliferación de los condominios para burlar la imposibilidad de loteos inferiores a la norma en la Zona Protegida en las Sierras, aún con una ordenanza específica, todavía no se aplica. De vez en cuando, la Justicia de Faltas interviene deteniendo alguna obra, derribando un portón denunciado dos años antes o como esta semana, ordena cortarle la luz a un loteo que es irregular y además, perjudica a sus compradores de buena fe. Estas acciones son importantes, pero mínimas respecto de lo que se puede y debe hacer si realmente se quiere hacer cumplir la legislación. No hacerlo, o hacerlo “poquito” tiene beneficiarios. ¿Para quién gobiernan?
La Preservación de las Sierras y el derecho a la ciudad de sus habitantes son el fundamento de una gestión verdaderamente democrática y eficiente será posible, a condición de no admitir la impunidad ni los privilegios.
