La secretaria de Protección Ciudadana de Tandil, Alejandra Marcieri, volvió a referirse al grave episodio ocurrido el jueves 13 de agosto, cuando un grupo familiar con cinco menores llegó desde Azul en un vehículo oficial de ese municipio y quedó en la Estación de Trenes de nuestra ciudad, sin alojamiento ni un dispositivo de recepción coordinado previamente.
En diálogo con Radio UP (89.1), la funcionaria aportó nuevos detalles sobre las circunstancias que rodearon el traslado, la situación judicial que atravesaba la familia y las acciones que desplegó el Municipio de Tandil desde que tomó conocimiento del caso.
Marcieri relató que cerca de las 20 horas del jueves recibió un llamado del jefe departamental mientras se encontraba trabajando en la zona rural. Para entonces, las fuerzas de seguridad ya habían comenzado a intervenir y se coordinaba la asistencia con la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.
Sin embargo, explicó que la situación adquirió una dimensión aún más preocupante cuando los integrantes de la familia, al prestar declaración testimonial en la Comisaría Segunda, manifestaron que habían sido trasladados hasta Tandil en un vehículo oficial del Municipio de Azul.
Además, según detalló Marcieri, sobre integrantes del grupo pesaban amenazas graves y existía una disposición judicial para que permanecieran en un domicilio de Azul con una medida de custodia policial dinámica.
“Lo preocupante del hecho era que era una familia con cinco menores”, señaló la funcionaria, quien sostuvo que el traslado implicó que dejaran de cumplirse las condiciones de protección que habían sido dispuestas judicialmente.
Las cámaras registraron la llegada de la combi
Uno de los puntos que Marcieri confirmó durante la entrevista fue que el sistema de videovigilancia instalado en el sector de la Estación permitió reconstruir el momento en el que el vehículo procedente de Azul llegó a Tandil.
“Lo primero que hicimos fue captar las imágenes y ponerlas a disposición de la Justicia”, explicó. Según indicó, pocos minutos después el material ya se encontraba en poder de la Policía como elemento para respaldar los testimonios recogidos.
La funcionaria sostuvo además que al día siguiente se comunicó con autoridades del Municipio de Azul para conocer los fundamentos del procedimiento. Desde la comuna azuleña se ha sostenido públicamente que el viaje fue solicitado por los propios integrantes de la familia, que querían radicarse en Tandil, y que existía un consentimiento firmado. También se afirmó que una trabajadora social había acompañado el traslado.
Marcieri indicó que solicitó que le remitieran esa documentación, pero aseguró que hasta el momento de la entrevista no la había recibido. “Donde hay una intervención social tiene que haber un informe social”, remarcó, y recordó que, con menores involucrados y una familia en situación de vulnerabilidad, antes de realizar un traslado deben verificarse cuestiones elementales como el alojamiento disponible, las condiciones habitacionales, la eventual propuesta laboral y la coordinación con las autoridades que recibirán al grupo.
“Estimo que ha sido bastante desprolijo todo”, afirmó.
“Nunca se dio una articulación con este municipio”
Marcieri también rechazó que hubiera existido algún tipo de coordinación previa entre Azul y Tandil para recibir a la familia. “Nunca se dio una articulación y fueron dejados en un lugar donde no pasa nadie”, afirmó.
Según el relato recogido por las autoridades tandilenses, ante las bajas temperaturas el grupo buscó refugio detrás de un vagón y encendió fuego para calentarse. Después de esperar una asistencia que no llegaba, comenzaron a publicar mensajes en redes sociales solicitando ayuda.
Para Marcieri, este aspecto contradice la posibilidad de que hubiera existido previamente un dispositivo organizado para recibirlos en Tandil.
“Creo que tienen mucho para explicar los funcionarios de Azul”, expresó.
La funcionaria aclaró, de todos modos, que será la Justicia la encargada de determinar si existieron responsabilidades penales. En Tandil, la Policía inició de oficio actuaciones por averiguación de ilícito a partir de los testimonios brindados por las personas trasladadas.
En paralelo, el concejal radical de Azul Agustín Puyou realizó una presentación judicial cuestionando el accionar de funcionarios de ese municipio.
Marcieri rechazó que el planteo pueda reducirse solamente a una disputa partidaria. “No creo que sea una cuestión de disputa política, creo que es una llamada de atención para el Poder Judicial para que realmente actúe en estas circunstancias”, sostuvo.
Un niño llevaba dos días sin su medicación
La situación sanitaria de los menores fue otro de los aspectos que generó preocupación durante la intervención. Marcieri contó que, una vez que Desarrollo Humano pudo realizar una entrevista profesional con la familia, surgió que uno de los niños necesitaba tomar medicación diariamente y que llevaba dos días sin contar con ella.
Como los adultos tampoco podían precisar qué medicamento utilizaba, se decidió realizar una evaluación médica de los niños para establecer su estado general de salud y garantizar la continuidad del tratamiento. “Me parece un nivel de irresponsabilidad institucional supremo”, cuestionó Marcieri al referirse a las condiciones en las que se concretó el traslado.
La familia había relatado además que desde el sábado anterior atravesaba una situación habitacional crítica en Azul y que durante el día permanecía en la calle, pudiendo acudir únicamente por las noches al domicilio de un familiar.
De acuerdo con ese testimonio, habían concurrido a la Municipalidad de Azul ante la promesa de obtener una solución de alojamiento y finalmente fueron trasladados a Tandil.
Tandil se hizo cargo de la asistencia inmediata
Desde la noche del jueves, el Municipio de Tandil intervino para garantizar las necesidades básicas del grupo.
En un primer momento, debido a la urgencia, sus integrantes fueron derivados a alojamientos transitorios. Posteriormente, Desarrollo Humano reorganizó el dispositivo para evitar que la familia permaneciera separada.
“El Municipio de Tandil se está haciendo cargo de manera temporal de darle alojamiento, alimento, controlar la cuestión de salud; cuestiones básicas humanitarias que uno tiene que tener cuando hay menores de por medio”, explicó Marcieri.
La funcionaria remarcó que se trata de una asistencia transitoria y que el abordaje social continúa bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, encabezada por Juliana Teerink.
Descartó las versiones sobre antecedentes penales
Durante la entrevista, Marcieri también se refirió a distintas publicaciones que circularon en redes sociales y que atribuían graves antecedentes penales a algunos integrantes del grupo familiar.
La secretaria aseguró que solicitó a las autoridades policiales que se verificara esa información y que el resultado de la consulta fue negativo.
Incluso señaló que algunas de las personas involucradas se presentaron nuevamente ante la Policía para dejar asentado que se consideraban víctimas de agravios y amenazas a raíz de esas publicaciones.
De esta manera, la funcionaria desmintió las versiones que habían circulado en redes y pidió diferenciar esos comentarios de la información surgida de las actuaciones oficiales.
El reclamo del padre de uno de los menores
El caso sumó además una nueva complejidad cuando el padre de uno de los niños, domiciliado en Bolívar, se comunicó para conocer dónde se encontraba su hijo.
Según explicó Marcieri, el hombre manifestó que mantiene un régimen de comunicación con el menor y cuestionó que el niño hubiera sido trasladado hasta Tandil sin haber sido informado.
Las autoridades tandilenses le indicaron que debía presentarse ante una dependencia policial o ante el organismo de protección de derechos correspondiente para canalizar formalmente su reclamo.
“Si fuese así y llevaron a este niño sin avisarle a sus familiares, hicieron algo que entiendo que es grave, que es impedir el contacto y cortar el vínculo con uno de los progenitores”, consideró Marcieri, aunque dejó la determinación de esa situación en manos de los organismos judiciales competentes.
“En nueve años nunca vi un hecho de estas características”
Marcieri, que durante nueve años se desempeñó en el área de Desarrollo Humano del Municipio, comparó lo sucedido con otros traslados realizados en situaciones de violencia de género o conflictos intrafamiliares. Explicó que, en esos casos, las derivaciones hacia otras ciudades siempre se realizaron con el consentimiento de las personas involucradas, pero también con una articulación previa con el municipio receptor para garantizar alojamiento, protección y acompañamiento. Incluso, señaló, Tandil llegó en ocasiones a solventar los gastos de permanencia de personas que debieron ser protegidas temporalmente fuera de la ciudad.
“Nueve años en Desarrollo Humano y nunca vi un hecho de estas características”, afirmó.
Finalmente, adelantó que mantendría una reunión con el intendente Miguel Lunghi para interiorizarlo sobre los últimos detalles del caso y evaluar los pasos institucionales a seguir.
Entre las posibilidades aparece el envío de una nota formal al intendente de Azul para solicitar explicaciones sobre el proceder de los funcionarios que intervinieron en el traslado y pedir que se determine si existieron incumplimientos.
Mientras tanto, la familia continúa en Tandil bajo asistencia municipal transitoria y la Justicia deberá establecer las responsabilidades que pudieran corresponder por un episodio que abrió un fuerte conflicto institucional entre ambas ciudades.
