La Asociación Civil Punto Verde Tandil, junto con la Asamblea del Barrio de la Estación y la Asamblea Barrios de Piedra, presentó nuevas notas ante la Defensoría del Pueblo y el Honorable Concejo Deliberante en las que insiste con la restitución de la protección de las calles empedradas de la ciudad, reclama acceso a información pública y solicita una mayor participación ciudadana en las decisiones vinculadas al patrimonio vial.
En la presentación realizada el 29 de julio ante la Defensoría del Pueblo, las organizaciones solicitaron que el organismo profundice su intervención en el tema y reitere el pedido para integrar formalmente la Comisión de Patrimonio con voz y voto. Sostienen que la falta de respuesta del Departamento Ejecutivo constituye "una restricción arbitraria al control ciudadano y a la transparencia administrativa". Además, requirieron que la Defensoría solicite copia del informe técnico elaborado por la Comisión de Patrimonio sobre el estado del suelo adoquinado, junto con la nómina de los profesionales que participaron en su confección y el expediente vinculado a las obras en la zona de Plaza del Tanque y calle Sarmiento.
En el mismo documento, Punto Verde plantea que la derogación de la Ordenanza Nº 9.821, que protegía 143 calles empedradas, mediante la Ordenanza Nº 11.400 de 2009, habría vulnerado el principio constitucional de progresividad y no regresión en materia ambiental. Por ese motivo, solicitó a la Defensoría asesoramiento técnico y jurídico para evaluar una acción de inconstitucionalidad o un amparo colectivo que permita restituir esa protección y, como medida cautelar, impedir nuevas obras de asfaltado o remoción sobre esas arterias hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Dos días después, el 31 de julio, las mismas organizaciones elevaron una nota al Concejo Deliberante en el marco del debate sobre la preservación de las calles empedradas. Allí reiteraron que la restitución de la protección sobre las 143 calles originales constituye "un piso mínimo e innegociable" y sostuvieron que ese esquema debería ampliarse para incorporar otras arterias empedradas de la ciudad. También rechazaron los argumentos del Departamento Ejecutivo sobre la falta de recursos y personal especializado para el mantenimiento de ese patrimonio, al considerar que esa situación refleja "una grave falencia en la capacidad de gestión y de contralor" del Municipio.
Asimismo, reclamaron una mayor transparencia en el funcionamiento de la Comisión de Patrimonio y reiteraron el pedido para que la Defensoría del Pueblo participe de ese ámbito institucional. Entre los requerimientos dirigidos al Concejo también solicitaron acceder al informe técnico elaborado por la Comisión de Patrimonio y poder intervenir en la discusión legislativa sobre la futura ordenanza a partir del proyecto presentado mediante el mecanismo de Banca 21.
