La Ley 27412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política fue sancionada en 2017. A partir de entonces, los partidos políticos están obligados a conformar listas con un 50% de mujeres. Antes, en 1991, la ley 24012 estableció un cupo mínimo de mujeres –el 30%- en las listas de candidatos y candidatas.
Sin embargo, las leyes no emparejaron per se la histórica desigualdad porque el derecho de las mujeres a participar de la vida pública, incluido el acceso igualitario al mundo digital, comporta un cambio social, político y cultural que implica un paso más.
Es imprescindible modificar estructuras institucionales, patriarcales, prácticas ancladas en la cultura de la opresión e invisibilización, micro machismos de la vida cotidiana -doméstica y laboral- que colocan a las mujeres aún hoy fuera de la toma de decisiones.
El Poder Legislativo cuenta, en la actualidad, con los números más altos de paridad. Sin embargo, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial, la brecha es enorme.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia es presidida por una mujer, pero solo alcanzan el 20% de su conformación total. Es decir, una minoría de mujeres participa del servicio y administración de justicia en aspectos claves para su grupo poblacional, como son las causas vinculadas a femicidios y delitos contra la integridad sexual, por solo mencionar algunas.
La paridad en la representación no es solo un “ajuste de cuentas”: sirve para alcanzar mayores niveles de legitimidad y confianza. No basta con que las sentencias se ajusten a Derecho y tengan una perspectiva de género: importa, además, quiénes integran los organismos que dictan esas sentencias.
En este nuevo 8M, a 40 años de vida democrática ininterrumpida, desde AMAFUTAN bregamos para que esa democracia continúe ampliándose, rompiendo de una vez por todas el techo de cristal que aún sigue manteniendo a la mayoría de las mujeres y disidencias fuera de los grandes acuerdos públicos y de la toma de decisiones que las afectan en su vida cotidiana.
Convocamos a la reflexión crítica -pública y privada- y a la acción consecuente que permita eliminar estereotipos, violencias -materiales y simbólicas- contra las mujeres, transformar las relaciones intergéneros y tender (parafraseando a Dora Barrancos) a que las vidas de todes sean mucho más dignas de ser vividas.