Manuel Marañón es el abogado patrocinante de una de las víctimas de estos hechos y dialogó en la 89.1 FM y Radio de la Sierra, tras conocerse la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones, de respaldar la decisión de primera instancia del juez Martín Bava, de procesar a los tres mencionados más arriba. En noviembre de 2017, la Policía Federal desarrolló una serie de allanamientos en nuestra ciudad, en el marco de esta investigación.
Marañón remarcó que “esta ratificación del procesamiento y embargo, es un avance más en esta investigación, que se inició en el año 2017 y a esta altura está ratificando y corroborando todos los hechos que el denunciante había expuesto, sobre el modo en que había sido estafado por un grupo de personas al momento de hacer la compra del terreno”.
“Estamos en la etapa de instrucción, que es la obtención de elementos de prueba para, eventualmente, poder llegar a un juicio oral. En este avance que se viene dando, se identificó a las personas que podrían haber participado en la maniobra, se les dio el derecho de defenderse a través de la declaración indagatoria y posteriormente, el juez dispuso procesarlos sin prisión preventiva y trabar embargos. Esta medida fue recurrida por los imputados, y la Cámara confirmó esta decisión porque entiende que hay elementos suficientes para sostener, tanto la existencia de los hechos ilícitos, como la posible participación criminal responsable de las personas imputadas”, expresó el abogado.
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La acusación tiene que ver con la confección de escrituras públicas cuestionadas como elementos en los cuales se insertaron datos falsos. En ese sentido, el Dr. Marañón recordó que “utilizaban un poder otorgado por la dueña del inmueble, que claramente estaba fallecida, porque ese poder databa de 115 años, aproximadamente. En esa escritura se insertaron datos falsos de esa persona, y también se realizó otra escritura, que es la que le transmitiría el dominio del inmueble a mi cliente”.
La maniobra fue advertida por un escribano de Tandil, al que la víctima de la estafa concurrió para asentar la escritura y, según el letrado, “a partir de ahí se motorizó la investigación”.
También se investiga si esta maniobra “fue realizada en reiteradas oportunidades, con distintos damnificados”, por este mismo grupo de personas.
“La investigación es bastante voluminosa, y sigue en relación a otras personas y otros hechos, que en su momento tendrá novedades”, sostuvo Marañón, quien explicó se trata de delitos “con una escala penal máxima de 6 años”.
Cerró, considerando que “estamos en condiciones que el juez clausure la instrucción, le dé la posibilidad a la fiscalía y a la querella de hacer los requerimientos a juicio, y poder pasar a la etapa de juicio oral y público”.