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El Juez Oliveto le respondió a Matías Meli: “Acá no se cajonea ningún expediente”

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El Juez de faltas N°2 de Tandil, salió al cruce de las declaraciones del titular de la Sociedad Rural local, quien había deslizado que las infracciones por una inadecuada aplicación de agroquímicos, no avanzaban en la penalización en los tribunales municipales.

En el marco de la polémica por la ordenanza de aplicación de agroquímicos en la actividad rural en el Partido, días atrás, el Presidente de la Sociedad Rural, Matías Meli, consideró que “lo que está fallando”, en la aplicación de la ordenanza actual.

Y apuntó a “la falta de un ingeniero agrónomo matriculado”, que pueda encabezar las inspecciones ante las denuncias de los afectados; y también aseveró que “se han hecho actas y eso llega al Juzgado de Faltas y eso queda en un cajón”.

Ante esto, el responsable del Juzgado de Faltas N°2, Dr. Pedro Oliveto, cruzó al productor agropecuario y explicó que cuando se produce una denuncia de violación a las disposiciones ambientales, como una fumigación que no cumple las normas vigentes, a su juzgado llega una denuncia, suscripta por el Director de Medio Ambiente, Héctor Creparula, el de Asuntos Agropecuarios, Ignacio Diribarne y alguno de los inspectores de la Dirección de Inspección General y Habilitaciones.


“Esa denuncia se recepciona, se estudia y se emite un primer despacho de audiencia, tras lo cual vienen los presuntos infractores, o no. Porque a veces cuesta identificar los domicilios. Cuando se localiza, a veces declaran que el arrendatario es tal persona. Hay que volver a notificar al arrendatario. Suele ser un trámite engorroso. Incluso hemos tenido que llegar a la publicación de edictos”, manifestó Oliveto a ABCHoy.

Luego detalló que “una vez que logramos que se presenten a la audiencia de descargo, como marca el artículo 46 del Decreto, tomamos el descargo y se abre la causa prueba. Ahí empezamos todo el procedimiento probatorio, que también suele ser engorroso, porque en realidad la sentencia se basa en las pruebas. Si no son contundentes, o son dubitativas, el sentenciante tiene que tener en cuenta eso”.

Una vez concluido el periodo de prueba, el juez emite una sentencia, que puede ser absolutoria, condenatoria o morigerada. En los casos de condena, la misma es pecuniaria y está regulada por el precio del litro de nafta al momento de aplicarse la misma.

El magistrado aseguró que en relación a denuncias por infracciones a la ordenanza que regula la aplicación de agroquímicos, “este año tuvimos 4 o 5, no más. Todas fueron tratadas, dos con sentencias, informadas inclusive a Defensoría de provincia y a Defensoría del Pueblo local. Las otras, están en tratamiento”.

Oliveto dijo luego que “los expedientes no quedan en los cajones, se trabajan continuamente. Son expedientes judiciales que requieren su tiempo, que como dije, suelen ser engorrosos, pero nunca cajoneamos ningún expediente. Desde los más chiquitos, de estar estacionados en mano izquierda, hasta los más grandes. Los juzgados trabajan al día, dentro de las normas que el procedimiento marca. Eso quiero que quede bien claro. No se cajonea ningún expediente le quiero decir al señor Presidente de la Sociedad Rural. Más en esto que son cosas delicadas también”.

Luego detalló que “los grandes pooles tienen sus abogados, que presentan sus defensas. El tratamiento es puntual, hay que analizarlo bien, pero lo fundamental, son las pruebas. Ahí es donde el expediente se demora, pero siempre los tratamos, en tiempo y en forma”.

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