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Familiares de víctimas de siniestro fatal marcharon el sábado en la ciudad

Se trata de los familiares de las cinco personas que fallecieron en un choque en la Ruta 3 en agosto pasado, tras ser embestidos por una camioneta que conducía una persona que reside en Tandil. Expresaron su indignación por la caución de 10 millones que pagó ese conductor, que le permite estar en libertad.

El pasado 25 de agosto, Alejandro Torres regresaba a su ciudad, Merlo, en la provincia de Buenos Aires, después de haber pasado su cumpleaños en Tandil, junto a sus tres hijos y una sobrina.

Cuando circulaban por la Ruta 3, a la altura del kilómetro 225, el Corsa Classic en el viajaba la familia, fue chocado por alcance por una Jeep Grand Cherokee, que conducía Horacio Luis Castilla, con domicilio en Tandil, quien según los peritos, circulaba a 200 km/h.

Al ser impactado desde atrás, el Corsa embistió a su vez a un camión cementero que se desplazaba adelante y el auto se incendió. También quedó muy dañada la Grand Cherokee, que incluso terminó calcinada, pero Castilla logró salir de su habitáculo.


No fue el mismo el destino para los ocupantes del otro rodado, donde además de Alejandro, (que ese día cumplió 39 años), murieron sus 3 hijos: Daira (19), Demián (17) y Mía (6); y su sobrina Lara Torres (14).

El caso tuvo amplia repercusión a nivel nacional, no solo por la magnitud de la tragedia, sino porque la justicia dispuso que Castilla quedara en libertad, tras pagar una caución de 10 millones de pesos, consistente en una propiedad que el hombre, dedicado a la producción agropecuaria, posee en Capital Federal. Está imputado por “Quíntuple Homicidio culposo agravado”.

Sin embargo, Castilla vive en nuestra ciudad y es por eso que los familiares de los fallecidos estuvieron el pasado sábado en Tandil, para movilizarse y reclamar “justicia”, al considerar que la libertad del hombre que provocó el choque fatal y la muerte de cinco personas, “es una impunidad, otorgada por el Juez de Garantías de la causa, que recayó en el Dr. Federico Barberena, de Azul, mientras que la fiscal es la Dra. Karina Genusso, del mismo Departamento Judicial.

“No podemos permitir que esto siga pasando”, cuestionaron los familiares, que viajaron especialmente a Tandil el pasado fin de semana, desde la localidad de Merlo, para hacer visible su reclamo.

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