Martes 20 de Agosto de 2019 | 9:28 |

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"Acerca de la acuciante situación de la Comisaría de la Mujer y la Familia"

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Quienes conforman la Mesa Intersectorial contra la Violencia Familiar y de Género de la ciudad de Tandil expresaron la “urgente necesidad de que las autoridades provinciales y municipales realicen las gestiones que corresponden para garantizar el adecuado funcionamiento de la Comisaría de la Mujer y la Familia de la ciudad de Tandil”.

“La misma es un pilar central en la ruta que deben transitar quienes han sufrido una situación de violencia de género. La Comisaría no sólo recepta denuncias sino que –a través de su equipo técnico interdisciplinario- es uno de los espacios fundamentales de consulta, asesoramiento y contención en los primeros acercamientos que hace quien solicita ayuda”, añadieron.

En un comunicado indicaron que “en los 11 años de funcionamiento de la Comisaría de la Mujer y la Familia, ha aumentado el número de denuncias que recibe diariamente. Así, mientras en el año 2018 se recepcionaron aproximadamente entre 160 y 170 denuncias mensuales – lo que representa más de la mitad del total de las denuncias que se radican en las demás Comisarías y dependencias del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires-; en lo que va del 2019, el número de denuncias recibidas oscila en las 300 (trescientas) mensuales. Sin embargo, este incremento en la demanda –no sólo en términos numéricos sino en complejidad- no ha sido acompañado por una mejora en los recursos y condiciones en que la misma funciona”.

“Paralelamente al aumento de denuncias, desde la Mesa Intersectorial contra la Violencia Familiar y de Género, venimos advirtiendo: la falta de personal para efectuar la tarea de toma de denuncia y atención general de la comisaría, las dificultades en la formación de las agentes que desarrollan funciones en la sede, la escasez de notificadores para las medidas cautelares dispuestas por los organismos judiciales, las condiciones edilicias y materiales deficientes de la sede policial en donde tanto las victimas como el personal que allí se desempeña permanecen importante cantidad de horas (con jornadas laborales de hasta 48 horas), la falta de vehículos en condiciones óptimas de funcionamiento, la ausencia de una médica en la sede de Comisaría que permita atender en primera instancia situaciones de urgencia, entre otros. Todo lo mencionado vuelve cada vez más dificultosa la implementación de las normativas vigentes a fin de proteger a las víctimas de violencia familiar y de género, lo que vulnera y revictimiza a las mismas y las expone a mayores dificultades posteriores”, detallaron.


Desde la Mesa remarcaron que “debido a manifestaciones realizadas en un medio de comunicación local, esta acuciante realidad se expuso al público en general. Consideramos central entonces discutir sobre la realidad de fondo que denunciamos como Mesa Intersectorial desde hace tiempo, y reafirmamos la necesidad de que la comunidad la conozca en tanto supone una vulneración de derechos hacia toda la ciudadanía de Tandil. Cuando se sospecha que una comisaría se encontró cerrada, debemos alertarnos sobre las precarias condiciones de atención así como de trabajo para quienes se desempeñan en la misma”.

“Es el Estado quien posee el deber de garantizar el adecuado funcionamiento de organismos públicos y llevar a cabo acciones positivas necesarias para prevenir, promover y garantizar la atención adecuada de las víctimas de violencia familiar y de género, como se ha obligado incluso en la ratificación de tratados Internacionales. Desde la Mesa Intersectorial, promovemos desde hace más de dos años, la modificación y ampliación de los modelos de gestión estatal para recepcionar, evaluar y acompañar a las víctimas, siendo urgente la necesidad de conformar equipos interdisciplinarios para tales funciones”, manifestaron en otro párrafo.

Finalmente, la nota subrayó que “es prioritario y urgente que la ciudad de Tandil promueva -a través de sus organismos municipales y provinciales- acciones concretas para garantizar una vida libre de violencia familiar y de género para sus ciudadanos.

EL ESTADO ES EL ÚNICO RESPONSABLE.

- Necesitamos políticas públicas con perspectiva de género.

- Debatamos políticas de seguridad para todxs.

- Ni una menos por violencia de género e institucional”.

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