Sábado 15 de Dic de 2018 | 11:54 |
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Comunicado de la Federación Agraria Argentina “Los federados no nos callamos”

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Los apurones y empujones para imponer modificaciones a la ley de semillas solo se justifica al momento de pretender beneficiar a algunos en perjuicio del bien común.

Entidades de base de la Federación Agraria Argentina nos encontramos en deber de expresarnos ante la opinión publica en general y, particularmente ante los federados y los integrantes de la cadena  de semillas con quienes hace años venimos construyendo  una posición clara en sostenimiento de la diversidad biológica, de la soberanía tecnológica y de defensa de los derechos de los productores, de los agricultores familiares, de los semilleros nacionales, de los multiplicadores, de los profesionales del agro e investigadores,  del comercio y cooperativas 

Los apurones y empujones para imponer modificaciones a la ley de semillas solo se justifica al momento de pretender beneficiar a algunos en perjuicio del bien común.

Lejos está de encontrarse maduro y a la altura de las necesidades del agro nacional y de los pequeños y medianos ´productores en particular, el dictamen que avala un grupo de diputados con pretensiones de tratamiento en el Recinto de esa Cámara y, de aprobarse de esa manera, se convalidará:


  • La legalización del patentamiento de descubrimientos existentes en la naturaleza, cambiado el sentido de la legislación nacional de patentes y permitiendo la apropiación de la Vida.
  • La cesión de la autoridad nacional sobre los controles y certificados que se otorgan para la exportación  de granos y subproductos a favor de las multinacionales proveedoras de biotecnología.
  • La eliminación del Derecho al Uso Propio por parte de los productores,  legalizando las “Regalías Extendidas”, un sistema de cobro privado que atenta contra el uso de semilla fiscalizada y  desnaturaliza el comercio legal de semillas fomentando la “bolsa blanca”.
  •  La pérdida de control sobre la propiedad y comercio de semillas en contramano a la ley federal 20247, a la de creación de Autoridad Especial decreto 2817/97 y ley  25.845, derogando el Orden Publico de las relaciones entre usuario y proveedor.
  • El desfinanciamiento del Inase, quien al no tener autarquía tampoco contará con los recursos para realizar los controles que le exige la ley  y deberá terminar tercerizandolos como se hace actualmente para asegurar a Monsanto el cobro de sus imposiciones.

Como claramente de advierte, ninguna urgencia justifica semejante entrega.

Finalmente, a 35 años del retorno de la Democracia también no vemos en la obligación  de contribuir a refrescar conceptos cívicos de legisladores y dirigentes, recordando que el concepto de “CONSENSO”  que nos brinda la Real Academia de nuestra lengua es el “acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”, y para su  construcción inclusiva reiteramos nuestro  mayor compromiso.

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