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Anses y Secretaría de Trabajo esperan cumplimiento de orden de desalojo a Altamirano

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Este miércoles, en horas de la madrugada, efectivos de la Policía Federal se acercaron con una orden judicial a la sede Regional Anses, para comunicar a la cabecilla del bloqueo a esa dependencia y del corte de calle, de una orden de desalojo. Sin embargo, transcurridas varias horas, la medida no se cumplió.

Mariano Pereyra Iraola, titular de la Regional Anses, señaló que “actuamos como corresponde, haciendo la denuncia y le pedimos a la justicia y la policía que actúen y nos dejen trabajar y que nos dejen dar servicio como corresponde”.

Pereyra Iraola recordó que “nosotros hemos charlado con Griselda personalmente. Incluso un sábado a las 11 de la noche estuvimos escuchando sus inquietudes puntuales, para ver si le podíamos dar una mano”.

El funcionario aseguró que “nosotros le pedimos saber qué personas trabajan con ella, con nombre y apellido, a ver si a alguno le corresponde algún trámite, alguna AUH, lo que sea. Es lo que hacemos todos los santos días. Se lo ofrecimos abiertamente, pero ella esta haciendo otra cosa”.


“Anses siempre esta a disposición de solucionar las cosas. Su grupo está cobrando lo que les corresponde de Progresar, AUH, etc.”, indicó Pereyra Iraola, quien además, avisó que “Griselda nunca acercó el listado que le pedimos”.

Por su parte, el responsable de la Delegación Regional de la Secretaría de Trabajo de la nación, Gonzalo Santamarina, consideró “lamentable” que se sostenga “esta medida y de esta manera”.

“La organización tiene todo el derecho de protestar sin poner en juego los derechos de tanto otros. Nosotros realizamos muchos trámites, muy necesarios para muchas personas. Nuestras oficinas tienen alcance regional, con lo cual, hay gente que viaja a nuestras dependencias y es muy injusto para ellos que las oficinas no estén trabajando”, afirmó.

Santamarina remarcó que “lo que Griselda quiere es claro: Son 500 salarios sociales complementarios. Quiere engrosar su organización”.

Y sostuvo que “creo que nosotros no tenemos que permitir esto. Pedir una cosa así, de ésta manera, cuando hay tantos que están necesitando trabajar y lo están haciendo por los canales normales, apostando a la cultura del trabajo, capacitándose, formándose, llevando curriculums, lo que hace cualquier persona que quiere salir adelante por los canales que ofrece la Democracia”.

Y señaló que “lo que hace Griselda es perjudicar a comerciantes, a vecinos, etc.”.

Además, tanto Pereyra Iraola como Santamarina, desconocían la existencia de una orden de desalojo de la justicia federal, y se anoticiaron cuando un periodista les mostró un video que la propia Griselda Altamirano publicó en su Facebook, en el que se ve a oficiales de la Policía Federal, anoticiándola de la medida jurídica, que, por razones que se desconocen, no se cumplió hasta este miércoles a media mañana.

Ambos funcionarios pensaban dirigirse a hablar con el nuevo Jefe de la Policía Federal de Tandil (quien reemplaza al anterior titular de la dependencia, removido justamente tras el desalojo de la agrupación de la Ruta 226), para confirmar la orden y conocer cuándo se le daría cumplimiento efectivo.

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