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Lunes 15 de Agosto de 2022 | 19:34 |


 

Presentaron proyecto en “Defensa de la Educación Pública”

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En la sesión de Concejo Deliberante de este jueves, Estela Sinópoli, de Suteba y Nicolás Araña, estudiante de Ciencias Humanas de Unicen, presentaron un Proyecto de Resolución, en “Defensa de la Educación Pública”.

En el uso de la herramienta legislativa, en cuya exposición estuvieron acompañados por los sindicatos del Frente Docente de la provincia, Adunce y estudiantes universitarios y secundarios, se argumentó que debido a “las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y por el Gobierno provincial, respecto a la educación Pública de gestión estatal, en lo concerniente a presupuesto, salarios, derechos, infraestructura escolar, seguridad edilicia”, que a nivel nacional incluyen “un recorte de 3 mil millones de pesos a las universidades públicas; recorte de presupuesto a Ciencia y Técnica en un cincuenta por ciento; deuda en gran parte de los montos de las Planillas B (gasto de funcionamiento) a la UNCPBA obligándola la quita de becas a los estudiantes; pago de horas extras a los no docentes; congelamiento de carrera académicas de los docentes; freno a la construcción de edificios y de infraestructuras; cierre de programas de extensión; obligaciones que con esta deuda la UNCPBA no puede cumplir”.

Y a que “se intenta otorgar un aumento salarial de 15%, en tres cuotas, al salario de los docentes, cuando se prevé una inflación superior al 30% anualizado, obligando al sector a realizar medidas de fuerza que a la fecha llevan tres semanas de paro; que se toman como variable de ajuste a los programas de ingreso, permanencia y graduación; que en el 2018 se aprobó el mismo presupuesto que en el año 2017 cuando los gastos de funcionamiento se han quintuplicado (ejemplo de esto es el aumento de la Luz que de pagar por año 1.200.000 a 5.200.000 pesos)”.

Y detallaron que a nivel provincial “la Educación Pública Provincial viene sufriendo las consecuencias de un recorte presupuestario brutal, el cual se traduce en edificios con altísimo grado de deterioro que constituyen un peligro para la vida y la seguridad de alumnos, docentes y auxiliares de la educación” y que “dicho recorte, ha paralizado e impedido el cumplimiento de las obras de infraestructura escolar de reparación, ampliación y construcción de edificios escolares, previstos en el Plan de Obra acordado entre Municipio y Provincia para el año 2018”.


Se mencionó luego que “se pretende por Resolución 1736/18, redistribuir a los Equipos de Orientación Escolar, con  la excusa de dar cobertura a toda las instituciones, en lugar de crear los cargos faltantes necesarios, a fin de que cada escuela cuente con su propio equipo y de este modo garantizar la Calidad y Equidad, tal como lo indica la Ley  Provincial de Educación 13688; que a partir de la Implementación de la Res. 1657/17, se cierran las ofertas educativas destinadas a los Adultos y Jóvenes en las Escuelas Secundarias y Escuelas Técnicas, pasando a la órbita de la Dirección de Adultos, lo que en la realidad provocó cierres de cursos, y pérdidas de puestos de trabajo; que por Disposición 34/18, se crearon las Aulas de Aceleración, destinadas a jóvenes, con trayectorias escolares desfasadas, habiéndose logrado la apertura de sólo el 50 por ciento de las necesidades distritales autorizadas y quedando sin escolarización jóvenes de las comunidades más vulnerables de nuestro distrito; que se pretende desde la Dirección General de Cultura y educación, de manera inconsulta, modificar el Diseño Curricular de la Educación Técnico Profesional, el cual conlleva el recorte de más de 1400 horas de clases en el Ciclo Superior y 600 horas en el Ciclo básico”.

“Dicho recorte dejaría sin efecto la validez nacional de los títulos de estas Tecnicaturas. Además, la creación de otras, sin impacto en la identidad de la comunidad educativa, y con escasa inserción laboral del egresado”, añadieron.

En la presentación, también se indicó que “por Resolución 1763/18, los Centros de Formación Profesional Conveniados, fueron excluidos de la órbita de educación, para pasar a depender del Ministerio de Trabajo de la Provincia, afectando la trayectoria de los alumnos y la formación académica; que cada una de estas modificaciones fueron llevadas a cabo de manera unilateral e inconsulta, sin participación de los actores intervinientes en la educación pública, negando el espacio natural de la paritaria y mesas de cogestión para decidir y resolver estas modificaciones; además de no convocar a las organizaciones representantes de los trabajadores de la educación para discutir y acordar las pautas salariales para este año que aún permanece sin resolución; que los trabajadores de la educación a través de sus representantes han sido excluidos de los ámbitos de participación democrática en los que se deciden acciones estatutarias como plantas funcionales y movimientos docentes; que dicha exclusión atenta y deja de manifiesto la falta de transparencia de lo que allí se trate, decida y resuelva y a su vez también permite el cierre las fuentes laborales y el achicamiento de las plantas funcionales de las escuelas en detrimento de la calidad educativa; que históricamente la Educación Pública y gratuita en la Argentina es sinónimo de inclusión, y ascenso social; que es la columna vertebral de un país en desarrollo que pretenda diagramar un futuro para sus habitantes; es además una cuestión de soberanía y garantía de libertad para una sociedad que pretende forjarse un futuro”.

En ese sentido, el Frente de Unidad Docente Bonaerense de Tandil, la Asociación de Docentes de la Universidad del Centro (ADUNCe), la Federación de Estudiantes Universitarios, Centros de Estudiantes de Secundario, la Asociación de Trabajadores No Docentes de la UNICEN (ATUNCPBA) elevaron para su aprobación un Proyecto de Resolución en el que el Concejo Deliberante “exprese su preocupación por la situación de la Educación Pública a Nivel Nacional y Provincial, determinada por las medidas de ambas gestiones que van en detrimento de la calidad educativa y pérdida de derechos para alumnos, docentes y no docentes”.

Y que “se arbitre desde el Ejecutivo Municipal, las gestiones a nivel provincial y nacional, para facilitar acuerdos tendientes a impedir el avance del deterioro de la Educación Pública y se manifieste claramente sobre la necesidad de la Defensa de la Educación Pública, como derecho fundamental”.

También se solicita en el proyecto que “se comunique al Ministerio de Educación de la Nación y a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires”.

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