siemprebeneficios.com.ar - Siempre Beneficios – Puntos con beneficios



“Estoy convencido que la realidad ha dejado obsoleta la actual legislación sobre el aborto”

ENTREVISTAS

El Dr. Diego Mario Araujo es el titular de la Defensoría Oficial N°3 de Tandil. Está a cargo del patrocinio legal del Dr. Germán Cardoso, el polémico “Dr. Aborto”, detenido días atrás, mientras desarrollaba esa práctica. El letrado, ofrece una mirada jurídica sobre la discusión, a pocos días de su tratamiento en el Senado.

Por Mariano López Guerrero (marianolopezguerrero@gmail.com)

 

El Dr. Araujo tiene a su cargo una de las tres defensorías oficiales que funcionan en el sistema judicial de Tandil. Es decir, es el abogado que otorga el Estado a quiénes no pueden costearlo. A partir de su intervención en el caso Cardoso, ABCHoy le pidió una aproximación desde el punto de vista jurídico del debate sobre la despenalización.


Con una mirada favorable a ampliar la actual legislación sobre el tema, Araujo considera que la realidad social sobre el tema, impone la necesidad de que el Estado intervenga y advierte que si la ley finalmente obtiene la sanción definitiva, “no será inconstitucional”.

-¿Lo que se está discutiendo, básicamente, es una “modernización” en la ley? A partir de lo que vimos con el Dr. Cardoso, lo que yo entiendo es que, actualmente, el Código penal dice una cosa y en la realidad, está pasando otra.

-Es un enfoque correcto. El Código Penal, actualmente, reprime tanto al profesional que realiza un aborto, con el consentimiento de la mujer, con una pena que va de uno a cuatro años y también reprime a la mujer que solicita la realización de un aborto, que da su consentimiento para que otra persona se lo realice, y tiene la misma pena. Son delitos que están tipificados en el Código Penal, en distintos artículos, pero que de alguna manera configuran las dos caras de una moneda. Pero, ¿Qué pasa en la realidad? Se han hecho algunos estudios estadísticos acerca de la persecución penal de este tipo de delitos y la realidad que las condenas son sumamente bajas. Y esto tiene que ver precisamente con la falta de instancia de acción penal por parte de los fiscales. Esto quiere decir, que los fiscales muestran la voluntad de no perseguir penalmente a la mujer en estas circunstancias…

-O sea, los fiscales tienen decidido no avanzar.

-Los fiscales no avanzan. Los casos no se denuncian tampoco. Los casos que han llegado a condena tienen que ver fundamentalmente con una situación que se ha complicado y la mujer ha fallecido. Y a veces se produce la muerte de la mujer sin poder identificarse a la persona que le ha realizado el aborto. Luego, el Código establece de forma expresa que la tentativa del aborto en la mujer no es punible, con lo cual, esa esfera quedaría excluida de punición. Y los casos en los que se hace, obviamente, al estar punible la conducta del aborto ya realizado, opera en la clandestinidad y en esos casos, los hechos no llegan a judicializarse si no hay complicaciones, y también dificulta al punto tal de la generación de estadísticas con relación al caso.

-¿Si quién practica el aborto, no es profesional de la medicina, le cabe la misma pena?

-Es la misma pena. Lo que pasa, es que el profesional, dice la ley, si abusare de su ciencia, de su profesión, va a tener, además de la pena de prisión, la de inhabilitación por el mismo tiempo de la condena. Obviamente hay penas mayores, que arrancan de tres años, cuando es sin consentimiento de la mujer y es mucho más alta si se produjera la muerte de la mujer.

 

Hoy no hay gran cantidad de causas que se investiguen por la realización de abortos, la estadística en relación a las condenas, marca eso.

 

-Entonces, la realidad es que hoy no hay mujeres cumpliendo una pena por someterse a un aborto.

-No. En el Departamento Judicial nuestro, no conozco un caso en el que se haya seguido acciones penales en contra de mujeres, por la realización de un aborto. Hubo sí, casos bastante anteriores a que yo arribara como Defensor Oficial, yo estaba trabajando en fiscalía, donde había una partera muy conocida en Tandil, que precisamente por una complicación de un caso de un aborto mal realizado, se la persiguió penalmente y hubo condena y cumplimiento de la misma.

-¿Los fiscales no avanzan como usted decía recién, porque la ley está chocando con el sentido común?

-Yo creo que hay una realidad, que marca que ha habido avances científicos que tienen que ver incluso con la Fecundación In Vitro, que también han trastocado un poco la interpretación de normas internacionales, al punto tal que hay fallos que guían la interpretación de la Comisión Americana de Derechos Humanos y que tienen incidencia en lo que estamos hablando. Tiene que ver también con la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer cuando acude a la realización de un aborto, porque el Proceso Penal es selectivo, y en esa selectividad, a quienes se persigue muchas veces, en la comisión de estos delitos, son personas de bajos recursos. Y está también acreditado estadísticamente que, precisamente, las razones por las cuales se quiere despenalizar la conducta del aborto, tiene que ver con la gran cantidad de muertes que se producen por la realización de abortos clandestinos, en condiciones de salud, inaceptables. Yo creo que esta es una lectura que hacen los operadores judiciales, independientemente que si hubiera algún fiscal que quisiera seguir una acción penal, estaría absolutamente habilitado, porque la ley lo habilita. El Observatorio de Violencia contra la Mujer, que depende de la Defensoría del Pueblo, incluso ha hecho reuniones con la Procuración de la Provincia de Buenos Aires y ha emitido opiniones, donde recomiendan, en función de las cuestiones sociales, psicológicas, de vulnerabilidad, en que se encuentra la mujer que acude a la realización de un aborto, que no se instruyan causas penales en contra de esas mujeres. Este es un contexto que, obviamente, tiene incidencia, al momento de decidir si se va a realizar una acción penal en estos casos.

-Tampoco se los ve a los fiscales, y esto tal vez es un preconcepto mío, persiguiendo demasiado la clandestinidad de los abortos…

-Bueno…, ya te digo. En Tandil yo recuerdo aquel caso paradigmático de la partera…

-Pero ahí hubo una complicación de salud que destapó esa olla.

-Eso fue un disparador, exactamente. Y a partir de allí, surgieron un montón de casos y hechos bastante feos en cuanto al destino de los fetos y demás. Luego, a veces hay denuncias, hay procedimientos, allanamientos, pero los pocos que han habido, no han podido constatar la existencia de la práctica en forma sistemática. Distinta fue la situación de este caso (en relación a la detención del Dr. Germán Cardoso), del cual me voy a eximir de entrar en detalles, porque es una causa en trámite, pero acá hubo una situación de cuasi flagrancia. Allí, la actividad de la fiscalía era ineludible ante la existencia de una denuncia.

 

Hay una situación social que está expresando a los gritos que necesita que se resuelva de forma inmediata.

 

-Bueno, sobre eso, Cardoso habló públicamente sobre lo que hacía y hasta cuánto cobraba. Y la justicia tampoco lo fue a buscar. ¿Nunca lo denunciaron antes?

-Que yo tenga conocimiento, había habido una sola denuncia, que fue desestimada. Pero más allá de la persona de Cardoso, la ley penal, a la vez que establece la punición en determinadas circunstancias, también establece eximiciones. Tal es así que puede realizarse un aborto cuando está en peligro la vida de la mujer, o la salud de la mujer y no hubiese otro medio para impedirlo. Y también el aborto está permitido, en caso de violación. El texto de la ley, en este caso, era bastante confuso porque decía “en caso de violación o de atentado al pudor a una mujer idiota o demente”. Entonces, eso generaba un problema de interpretación sobre si era un “caso de violación o atentado al pudor a una mujer idiota o demente”; o de “violación, coma, o de atentado al pudor de una mujer idiota o demente”. Es decir, si se trataba de un supuesto o de dos supuestos…

-¡Estaba mal redactado!

-No estaba bien redactado, o mejor dicho, la redacción era ambigua y permitía más de una interpretación. Lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante un caso específico que llegó, por violación, fue establecer el sentido de la ley. Entonces dijo, no se trata de un solo supuesto, sino de dos supuestos y que, el único atentado al pudor que puede provocar un embarazo, es una violación. Entonces, lo que dijo la Corte, es que siempre que haya violación, independientemente de la capacidad de la persona, va a ser una situación de aborto permitido, no punible. Y dijo además, que no es necesario, cuando se den estas circunstancias, pedir autorización judicial, sino que los efectores de salud se encuentran autorizados para realizar la práctica del aborto, con la sola declaración jurada de la mujer, refiriendo que su embarazo proviene de una violación. En ese contexto, se generaron protocolos de actuación a nivel nacional, que luego las provincias, algunas, fueron adhiriendo. Nuestra provincia adhirió y se crearon, a partir de ese protocolo, las Consejerías a los fines de la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo, que aquí está funcionando.

-Sí. El año pasado, nosotros hicimos una nota con las responsables de la Consejería que funciona en el Hospital. Y allí surgió aquel número que después generó mucho revuelo sobre los más de cien abortos en poco más de un año. Quienes se oponen a la despenalización consideraron que ese número, si se siguió lo que establece la ley, mostraría que en Tandil hubo más de cien violaciones en ese periodo. Pero imagino que lo que subyace es que el concepto del “riesgo de salud”, para la mujer hoy es mucho más amplio, ¿No?

-Tal cual. Y hay una situación social que está expresando a los gritos que necesita que se resuelva de forma inmediata. Dando el debate acerca de la necesidad de ampliar los supuestos, que finalmente es lo que está sucediendo en el Congreso. Los efectos, las consecuencias de la clandestinidad, son demoledores para la mujer. Y ese es un dato de la realidad y sobre eso, hay que actuar de una u otra manera. Cuando la Corte resolvió lo que resolvió en el Caso Fal y se creó un protocolo de actuación, la creación de las ILE y demás, también se implementó, a la par, educación sexual desde las esferas inferiores de la educación. Y sin embargo, también hubo rechazo hacia eso, como un abordaje preventivo y en realidad, resulta ser contradictorio luego, con los postulados que se erigen en contra de la despenalización. Y por otro lado, dos cuestiones importantes: una tiene que ver con la inoperancia del sistema penal, para resolver esta cuestión, hoy no hay gran cantidad de causas que se investiguen por la realización de abortos, la estadística en relación a las condenas, marca eso; y la otra, es que la pena tiene una prevención mínima o nula, en relación a estos casos, porque cuando alguien acude a la realización de la interrupción legal de un embarazo, lo hace por problemáticas sociales y económicas muy profundas o incluso de salud. Y si esa es la causa, obviamente la pena no va a tener un efecto favorable para que no se sigan realizando.

 

Estos artículos del Código Penal, datan de 1921. Y bueno, ya cambiamos de siglo.

 

-En función de eso, yo insisto con esta pregunta, ¿Esta discusión hoy se reaviva porque la realidad se “ha llevado puesta” a la actual legislación?

-Estoy absolutamente convencido que eso es así. A pesar de las conquistas de ampliaciones de derechos que han tenido las mujeres durante el siglo XX, que se notan en muchas leyes y que han superado la situación que vivían hacia finales del siglo XIX, cuando eran un sujeto restringido de derecho. La mujer era prácticamente una persona incapaz que estaba bajo la tutela de su marido. El Código Civil de 1869 y las pocas leyes penales que había, las trataba de esa manera. Esa restricción de derechos civiles, estuvo mucho tiempo durante el siglo XX, incluso con restricción de derechos políticos, que recién se consagran en 1946 y se ejercen por primera vez en el año 1952. Y a partir de ahí, el avance en la conquista de derechos ha sido fructífera, pero quedan remanentes, como estos artículos, que tienen que ser discutidos, debatidos, donde corresponda, porque estos artículos del Código Penal, datan de 1921. Y bueno, ya cambiamos de siglo. Entonces, así como la ciencia ha avanzado de manera tal que hoy hay técnicas de reproducción que no estaban ni siquiera en miras del legislador del 1900, eso genera la necesidad de poner sobre la mesa una nueva legislación, la nueva realidad social y qué es lo que el Estado está dispuesto a hacer para solucionar una problemática muy profunda y muy compleja.

-¿Está bien, para usted como hombre de derecho, que la discusión sea la despenalización; o a estos artículos que ya existen, se los podría haber ampliado en cuánto a circunstancias no punibles?

-Y, esto tiene que ver con el modelo que se adopte. El mundo tiene tres modelos: de prohibición absoluta, de permisión total y de prohibición con excepciones, que es el que tiene Argentina. Lo que se está haciendo ahora, es precisamente la ampliación de esos supuestos. Entonces, no sé cómo irá a quedar la ley en definitiva, pero se despenalizan los casos de aborto con consentimiento de la mujer, hasta la semana 14; y luego se mantienen ciertas penalizaciones, a partir de esa semana, con penas más bajas. Por lo menos ese es el proyecto que yo tuve a la vista. Y luego, lo que se mantienen son los supuestos de permisión, a los cuáles se le agrega uno más, que es el tema de malformación genética grave; y en otro proyecto se sumaba la inviabilidad de la vida del feto. Bueno, son supuestos que tendrán que ser discutidos, de hecho, están yendo especialistas de todos los rubros, tanto a Diputados, como en estos días en Senadores y estimo que el debate será igual de rico. Y confío en que lo que se resuelva será lo mejor.

 

La Corte dijo, en el Caso Fal, que siempre que haya violación, independientemente de la capacidad de la persona, va a ser una situación de aborto permitido, no punible.

 

-¿Usted está de acuerdo con la ley que se aprobaría?

-Yo creo que el Estado, como política pública, tiene que resolver una problemática que viene desde hace muchísimo tiempo. Si bien las estadísticas son difíciles de construir precisamente, por la clandestinidad, hay estudios realizados por el CELS y por la OMS, a través de sus organismos, que dan cuenta que en Argentina se realizan, por año, aproximadamente quinientos mil abortos, y que se producen, unas trescientas muertes de mujeres, relacionadas con la maternidad; y de esas, alrededor de cincuenta muertes producidas por el aborto clandestino. Si uno advierte esa situación y mira cuál es la extracción social, veremos que las personas que acuden a la realización del aborto, son personas jóvenes, pobres y que antes gozaban de perfecta salud. Esto es algo para que el Estado reaccione y tome cartas en el asunto. Esta puede ser una solución. Pero obviamente, la ley por sí sola no resuelve los problemas, y a la vez hay que tener un marco de políticas públicas mucho más amplio, que involucre la debida información, el suministro de anticonceptivos, la educación sexual en las escuelas, en los barrios, en instituciones y tratar de que, aquel que tenga que tomar una decisión, la tome con toda la información a su alcance y todos los organismos del Estado procurando que su salud sea también protegida.

 

-¿Puede salir una ley, digamos, “limpia”, con tantos condicionamientos morales, religiosos, científicos, políticos…?

-Bueno, debería serla. Nuestro Estado es laico y si bien puede escuchar y tener en consideración concepciones religiosas, siempre tiene que tener en cuenta que las creencias de determinados sectores, pueden no ser compartidas por otros sectores. El Estado está precisamente para armonizar los intereses de distintos grupos sociales, así que yo creo que debería ser una ley que eventualmente establezca su normativa, sin preconceptos ni prejuicios. Desde el punto de vista jurídico, no hay objeción a que el aborto sea legal y voluntario. No lo hay. A partir de la reforma de la Constitución de 1994, se incorporó al artículo 75, inciso 22, con distintos instrumentos internacionales, y dentro de ellos, están la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos; y se crea un órgano a nivel regional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este organismo, es el intérprete por excelencia de la Convención Americana. Cuando el Estado Argentino incluye en su Derecho interno, normas de carácter internacional, va de suyo que todo lo que diga la Convención y además lo que diga la Corte, interpretando las normas de la Convención, son obligatorias para el Estado Argentino. Y eso lo resolvió la Corte Suprema, en concordancia con el fallo Almonacid-Arellana de la CIDH, del año 2006, donde precisamente establece que no hay un derecho absoluto a la vida, sino que lo que tiene que haber es una armonización de los distintos intereses, el de la madre, eventualmente, y del nasciturus, y a partir de allí, lo que sí hay, es un derecho de carácter progresivo. Esto demuestra que la despenalización del aborto, no sería inconstitucional, como se esgrime sosteniendo que la CIDH establece en el artículo 4, el derecho absoluto a la vida. No hay objeción alguna, desde el punto de vista normativo, a que en Argentina haya una ley como la que se está proponiendo. Eso, diría que está prácticamente resuelto.

 

Que yo tenga conocimiento, contra el Dr. Cardoso solo había habido una denuncia antes, que fue desestimada.

 

-¿Qué pasa con la objeción de conciencia de los médicos?

-Ese punto ha traído un debate muy acalorado tanto en Diputados como en Senadores. Creo que hay que diferenciar la objeción de conciencia individual de la institucional, que es lo que se trata de evitar, que haya instituciones de la salud, en su conjunto, globalmente, que se nieguen a cumplir la ley. Es un tema complejo y seguramente se seguirá debatiendo. Hay posturas de un lado y del otro. Creo que, si la ley sale, los efectores de salud, tanto públicos como privados, tienen que garantizar el acceso a la salud pública, conforme lo manda la ley y no puede haber una objeción de conciencia institucional, independientemente que sí la puede haber, desde el punto de vista individual.

-Lo pregunto porque, volviendo al Dr. Cardoso, uno podrá decir muchas cosas de él, pero no que en este tema se manejó con hipocresía. ¿Hay médicos con objeción pública y sin objeción privada?

-Bueno, puede darse, sí. Lo mínimo que se esperaría es que sean consecuentes con sus propias ideas. Si tienen objeción de conciencia en la vida pública, que la tengan también en la privada, y viceversa. Pero bueno, son situaciones que seguramente en algún caso, van a ocurrir.

-Usted también acompañó a la joven que se sometió al aborto con Cardoso cuando ocurrió la intervención judicial. No sé si había tenido un caso similar antes. ¿Qué sensación le dejó lo que ella dijo?

-Creo que, como para cualquier mujer, no es una decisión fácil. Se intenta buscar las mejores alternativas que se tiene al alcance. Lamentablemente, en la situación actual, muchas de las mujeres que tienen la firme decisión de no continuar con su embarazo, se encuentran con un obstáculo legal que las lleva a la clandestinidad. Y allí es donde operan las consecuencias más nocivas que pueden tener para resolver, no solo sobre la libertad de la mujer, sobre su autonomía, sino también sobre su salud.

 

Esta puede ser una solución. Pero obviamente, la ley por sí sola no resuelve los problemas.

 

 

New Green Hills, English Center

Comentarios