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A pesar del fallo judicial para restringir el ingreso, las cavas de Cerro Leones siguen abiertas

SIN CONTROL

A fines de 2016, el Municipio fue notificado del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, que intimó a la comuna a intervenir en la restricción del ingreso de público a las cavas de Cerro Leones. La medida judicial se tomó en el marco de una causa por la muerte de una persona en ese predio, que es propiedad de la empresa Apilar S.A. Debían hacerse cargo de manera conjunta el privado y el Municipio, pero el lugar sigue siendo visitado por cientos de personas, que ingresan sin restricciones.

Un equipo de ABCHoy visitó en los últimos días las cavas de Cerro Leones, un paradisíaco y escondido espacio de la ciudad, donde los vestigios de la actividad minera, generaron una suerte de enorme balneario, que es utilizado por cientos de vecinos.
Sin embargo, el lugar no está acondicionado para funcionar como un espacio recreativo y presenta innumerables riesgos para quienes se arrojan en esas aguas y se bañan allí.
Si bien no se trata de un tema nuevo, la muerte de un hombre en la ex cantera, en enero de 2011, generó una causa civil, que ordenó, en diciembre de 2016, al Municipio de Tandil, a intervenir en el lugar, para tomar medidas y restringir el ingreso de particulares.
La medida, también alcanzó a la empresa Apilar S.A., propietaria del predio, que debía, de acuerdo a la sentencia, coordinar con la comuna, las acciones necesarias para evitar el acceso de personas ajenas a las canteras, con el fin de prevenir una posible nueva tragedia, como la ocurrida con Matías Ángel Correa, que el 13 de enero de 2011, quien falleció ahogado mientras se bañaba en ese lugar.
La utilización del espacio siempre ha generado controversia, porque aquellos que disfrutan del lugar argumentan que es un predio ideal para los días de verano, que permite tener un balneario popular y gratuito, que es una vieja carencia en la ciudad.
Pero por otro lado, los riesgos y la peligrosidad de los huecos que han quedado tras la actividad canterista, que son invisibles además, debajo del espejo de agua, indican que no es un lugar seguro para la recreación.
Lo cierto es que más de un año después de la orden judicial, el acceso a la cantera de Cerro Leones es sumamente sencillo y lo único que hay son algunos carteles que tratan de “advertir” a los que ingresan, de que se trata de una propiedad privada y está prohibido pasar.

 

EL FALLO JUDICIAL


Los magistrados de la Sala II, María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, se expidieron a fines de 2016, sobre la demanda civil de la familia de Angel Correa, joven de 32 años que muriera ahogado cuando nadaba junto a sus amigos y familiares en las cavas.
Se trata de la causa Nº 60.647, “Espil María Inés y Otro/a c/ Apilar S.A. y Otro/a s/ Daños y Perjuicios Estado (Uso Autom. s/ Lesiones)”. Como la empresa que perdió el juicio no acudió a la Corte a recurrir el fallo de Cámara, la sentencia quedó firme.
La justicia dedicó un párrafo de su fallo a la imperiosa necesidad de evitar nuevos episodios de esta naturaleza, y le otorgó al Ejecutivo municipal una responsabilidad  preponderante.
Concretamente, la Cámara exigió al Estado local que elabore una “propuesta o plan de trabajo indicando las medidas conducentes, razonables y pertinentes para suprimir el peligro de las cavas del Cerro Leones”.
Al explicar las razones técnicas de la decisión, la Cámara indicó que la necesidad de “prevención del daño” y pidió “medidas para evitar, hacer cesar o impedir el daño futuro o su agravamiento o extensión”.
El fallo otorgó “15 días de plazo” para que “la Municipalidad de Tandil, a través de sus organismos técnicos, dando intervención -en caso de corresponder- a otras autoridades provinciales, presente en primera instancia, una propuesta o plan de trabajo indicando las medidas conducentes, razonables y pertinentes para suprimir el peligro de las cavas del Cerro Leones, sobre la base de las directivas legales de la menor restricción posible y del medio más idóneo”.
Esto incluyó “el medio menos gravoso, teniendo por finalidad primordial disuadir e impedir el ingreso al predio, fijando objetivos y plazos de cumplimiento, todo ello con intervención y participación de la demandada”.
Asimismo, los jueces indicaron que era la empresa propietaria de las cavas, Apilar S.A., “la que debe participar e intervenir para adoptar las medidas de aseguramiento del inmueble peligroso. Una vez presentado, en el plazo indicado, en conjunto o por separado con Apilar S.A., el juez de primera instancia procederá a la determinación y aprobación definitiva de las medidas de aseguramiento disponiendo que sea la accionada, a su costa, la que lo deberá ejecutar, delegando su fiscalización a las autoridades competentes de la Municipalidad de Tandil con contralor judicial del cumplimiento de las metas y los plazos a cargo del juez de grado, quién para asegurar su cumplimiento efectivo podrá adoptar todas las medidas conducentes”.

 

REACCIÓN DEL MUNICIPIO

A poco de comenzado el 2017, fue el Director de Asuntos Legales, Dr. Juan Martín Pisani, el encargado de expresarse en nombre del Ejecutivo y consideró en aquel momento que se trataba de “un conflicto entre privados por una muerte que sucedió hace algunos años. En el considerando 4 de la sentencia, se intima al Municipio a presentar junto con la parte privada, con la empresa propietaria, un informe o un plan de trabajo, para garantizar las medidas de seguridad del predio”.
Y aseguró que “nos sorprende la medida, porque es un juicio que tiene varios años y recién ahora nos enteramos de esto e incluso, en las puertas de la feria judicial”.
A partir de allí, los funcionarios municipales anticiparon que instarían “a la parte privada” (es decir, a Apilar S.A.), “a evaluar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la medida” y “reforzar la seguridad en la zona”.
“Las alternativas para evaluar son varias. Tal vez el Municipio pueda disponer de algún servicio adicional policial para la zona. Pero es muy prematuro poder anticiparlo”, expresó el 2 de enero de 2017, el propio Pisani.
Y advirtió que “el Municipio solo puede intervenir de puertas hacia afuera de la cava. De puertas hacia adentro, al ser una propiedad privada, no puede hacer mucho. Las medidas que podría tomar la comuna, es de puertas afuera del predio”.

 

REUNIONES

A mediados de aquel mes de enero, hubo varias reuniones entre funcionarios municipales y representantes de la empresa Apilar S.A., para “delinear un plan de acción de seguridad en el predio, para dar cumplimiento al fallo judicial que les impone tomar las medidas necesarias para evitar que la gente utilice el lugar como balneario”.
Así, se analizaron alternativas tales como “algún adicional de policía y poner seguridad privada”, aunque una propuesta que cobró fuerza era la de “trabajar sobre el cercamiento de lo que es la zona de playa”, afirmaban los funcionarios consultados por los medios en aquellos días de verano.
El plazo para presentar un plan de acción conjunto, caducaba en el mes de febrero, tras la feria judicial. En ese lapso, la empresa Apilar S.A. acercó una propuesta de “incorporar nueva cartelería en las inmediaciones a la cantera, la renovación del alambrado y la construcción de un cerco de piedra de aproximadamente tres metros de alto sobre los accesos a los dos espejos de agua”.
En ese sentido, también se aclaró que los trabajos y los costos de las medidas que se debieran tomar, una vez aprobadas por el juez, “corrían por cuenta de la empresa privada”.
Incluso, hasta circularon versiones de una fuerte intención municipal de “expropiar” todo el predio de la ex cantera; y hasta algunos aventuraron que había empresarios interesados en explotar turísticamente el espacio, de modo de otorgarle mayor seguridad y mejores servicios, aunque el nivel de inversión necesaria para tal objetivo, hacen bastante improbable esta última posibilidad, al menos por estos días.

PRÓRROGAS

En esas disquisiciones pasaron los meses, se fue el verano y a mediados de marzo, se conoció que el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial 1, doctor José Martín Zárate, “otorgó al Municipio y la empresa Apilar S.A., una prórroga por treinta días para presentar el plan de intervención en las cavas de Cerro Leones”, a requisitoria de los abogados de las partes.
Mientras tanto, se dijo, “funcionarios de la comuna y los representantes legales de la empresa mantienen reuniones para generar una estrategia conjunta que permita restringir el acceso de gente al predio y evitar los accidentes en los espejos de agua”.
El Municipio había argumentado ante el juez Zárate que “está la necesidad de tener más tiempo para diseñar la estrategia de intervención sobre el terreno”.
Una vez más, se evaluaron acciones como realizar “movimientos de suelo” o “cerrar en forma definitiva las playas de acceso a las piletas, donde la gente se ubicaba para disfrutar de las mismas”. También se habló de “bloquear algunos accesos que rodean las 55 hectáreas”.
Por aquellos días, y con el revuelo mediático, se tomaron medidas paliativas de coyuntura, como el refuerzo de seguridad en los ingresos al predio, con efectivos de Policía Local.
El Secretario Legal y Técnico del Municipio, Andrés Curcio, decía en aquel momento que “la solución definitiva es muy difícil” y llamaba a que la comunidad “tome conciencia de que es un predio privado y que también adopte la conducta de no ingresar”.

LA SITUACIÓN ACTUAL

Un equipo de ABCHoy recorrió el predio y pudo comprobar que el lugar sigue siendo visitado por decenas de particulares, que continúan utilizando las piletas para bañarse e incluso, los más osados, siguen arrojándose a las aguas desde las alturas que proponen los grandes muros de piedra que las rodean.
Si bien es cierto que todo el espacio presenta cartelería remarcando que se trata de “Propiedad Privada” y que está “Prohibido Pasar”, el acceso al lugar es sumamente sencillo, existen varias “huellas” por las que se puede entrar y en todo el predio no se observó la presencia de seguridad privada que controlara o tratara de impedir el ingreso de particulares. Incluso, hay sectores en los que el alambrado ha sido violentado y se observa un “caminito” hacia el interior.
Cuando este equipo periodístico estuvo en el lugar, tampoco había efectivos de policía en el exterior de la cantera, con el fin de desalentar la entrada de la gente.
Si bien es cierto que no es posible el acceso en vehículos, la chance de llegar al paradisíaco espacio es muy fácil caminando o en motocicleta.
Y tampoco se observan obstáculos en los sectores de playa, a los que se puede llegar con relativa simplicidad y desde allí, sumergirse en las aguas de estas grandes “piletas” formadas tras el abandono de la actividad minera en Cerro Leones. Además, muchos jóvenes se arrojan desde varios metros de altura, sin tener un real conocimiento de con qué se pueden encontrar al sumergirse en el agua, porque es imposible la visión en profundidad.
En definitiva, puede concluirse que en el lugar, poco o nada ha cambiado; y la orden judicial no ha sido cumplida, a más de un año de su dictamen. Del mismo modo, puede advertirse que la propia justicia no ha controlado el acatamiento de su fallo.
Los riesgos que se esconden detrás de la maravillosa “arquitectura” de piedra, las tibias aguas de las piletas y la frondosa vegetación que rodea al espacio y lo convierten en un lugar único, siguen vigentes; y las medidas que buscaban no volver a lamentar un caso como el de Matías Ángel Correa, no se han cumplimentado, por el momento…

EL CASO CORREA

El 13 de enero de 2011, se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de un hombre de 32 años, cuando se encontraba disfrutando la jornada veraniega junto a familiares, en una de las dos piletas de la ex cantera.
Matías Ángel Correa estaba junto a un hijo, una hermana y su cuñado y todo transcurría con normalidad, hasta que el hombre comenzó a nadar aguas adentro y cuando se encontraba en una zona de 5 metros de profundidad, empezó a pedir auxilio a quienes se encontraban en la orilla levantando ambas manos, en gestos de desesperación. Aparentemente, el hombre sufrió calambres que le impidieron regresar a alguna parte segura.
Tres o cuatro bañistas procuraron rescatarlo, aunque Correa desapareció de la superficie. Pese a los desesperados intentos de ubicarlo, esto no se logró y enseguida se supo que el desenlace sería fatal.
Instantes después llegó una ambulancia del Hospital Municipal y efectivos de la Seccional Segunda que tiene la jurisdicción en esa zona.
Buzos tácticos tuvieron que internarse en las aguas y tras una laboriosa tarea, hallaron el cuerpo sin vida del malogrado joven.
La causa judicial que se inició a partir de este hecho, es la que originó la medida judicial de buscar alternativas en el predio, para evitar el acceso irrestricto de particulares, que disfrutan del hermoso lugar, pero conviven con los peligros que ni el Estado local, ni la empresa propietaria, han podido mitigar hasta ahora.

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