Miércoles 29 de Marzo de 2017 | 12:16 |

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Marsiglio: “Bajar edad de imputabilidad con la idea de meter a todos los chicos presos, no soluciona nada”

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Una de las problemáticas que hoy más parece aquejarnos como sociedad, está vinculada a la actualidad de los jóvenes y menores de edad que ingresan a la actividad delictiva.  ENTREVISTA DE ABCHOY

Las reacciones sobre este tema y el modo de resolverlo son dispares y la titular del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con asiento en Tandil, dialogó con ABCHoy sobre la realidad con la que convive y sobre la que debe trabajar a diario.

 

María de los Ángeles Marsiglio es la fiscal de menores de Tandil desde el año 2008, cuando esa dependencia judicial se creó. Accedió al cargo por concurso y desde entonces ha venido trabajando de acuerdo a lo establecido por el Sistema Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires.

 

Una de los primeras “sensaciones” que podría recogerse en cualquier calle, respecto de la incidencia de los menores en hechos delictivos, es prontamente desbaratada por la profesional ante este cronista: “estadísticamente, desde el año 2008 a la actualidad, la verdad es que no hay un aumento de hechos delictivos protagonizados o en que estén involucrados menores de edad. Desde junio del 2008 a la fecha, el promedio de causas, mensuales y anuales, es más o menos la misma. Puede haber alguna variación incidental, en alguna época del año. Pero en general, son entre 30 y 40 causas por mes”.

 

“El debate sobre la edad de imputabilidad es muy limitado y no se está dando como se debe”

 

“Si hay un menor involucrado en un hecho, en el que también hay mayores de edad, nosotros intervenimos igualmente, para resolver la situación del menor. Entonces, si hubiese más cantidad de hechos con participación de menores, nuestras estadísticas habrían aumentado”, añade.

Marsiglio reconoce que “lo que es cierto es que, cuando un menor comete un ilícito, tiene más efecto, más impacto en la comunidad. Especialmente cuando son delitos graves” y puede encontrarse allí, alguna respuesta a la errónea idea de que hay más niños y adolescentes delinquiendo. “No hay más hechos, hay más impacto en las víctimas y la sociedad”, insiste.

 

 

LA POLÉMICA POR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

La fiscal advierte que la tan mentada discusión sobre si en una reforma penal juvenil, es necesario bajar la edad de imputabilidad de las personas, “es un debate muy limitado, que no se está dando como se debe”.

“La edad es una circunstancia. La cuestión, es ver qué intervención tiene el Estado cuando un menor infringe la ley penal. Hoy, el límite de imputabilidad es de 16 años y es un sistema bastante progresista con relación a otros países, que tienen la imputabilidad a los 18 años, pero intervienen resortes estatales y el sistema penal, antes de esa edad. Lo que está faltando no es cambiar la edad, sino analizar el contenido de esa reforma”, señala.

Marsiglio, pampeana de nacimiento y radicada en Tandil desde el año 2000, reflexiona que “hay que descartar la idea de que si se baja la edad de imputabilidad, van a ir todos los chicos presos. No es así. En este país, rigen los derechos y tenemos la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño, con lo cual los chicos van a ir presos, como ahora, en delitos muy graves, como homicidios, violaciones seguidas de muerte, robos calificados con armas, etc., por los que en la actualidad también van presos. La cuestión es buscar alternativas para los otros delitos, que son la mayoría en los que están involucrados los menores y eso hoy no lo tenemos y por eso es importante la reforma del sistema penal juvenil”.

 

“Cuando un menor comete un ilícito, tiene más efecto, más impacto en la comunidad. Especialmente cuando son delitos graves”

 

En ese marco, la fiscal lanza una advertencia y apunta: “si la reforma es para tener una intervención eficaz desde temprana edad, estoy de acuerdo. Pero si de lo que se habla es de bajar la edad con una única mirada represiva y solo para meterlos presos, es otra cosa”.

“Debemos crear un sistema de justicia, que nosotros consideramos que tiene que ser con una responsabilización por los hechos y una reparación a la comunidad o a la víctima, en un marco de encuentro entre las dos partes”, explicó.

“Lo que hay que entender es que hoy nosotros tenemos que lidiar con una contradicción muy grande, porque tenemos una ley nacional, que es superior a la ley provincial. Pero la ley provincial se opone totalmente a ley nacional, porque en la provincia de Buenos Aires, como en otras pocas provincias, se avanzó más en el régimen penal juvenil. Desde 2008, que está en vigencia el nuevo sistema que sacó el viejo formato de patronatos, (que es el que aún rige en la ley nacional), y fija un sistema penal juvenil acusatorio, similar al de mayores, donde no hay un solo juez que decide todo, sino que hay también un fiscal que investiga y un defensor que asiste y vela por los derechos del imputado”, detalla esta abogada recibida en La Plata y radicada en Tandil desde el año 2000.

Y amplía: “Entonces, lo que tenemos, es un régimen de encarcelamiento penal, como es el de mayores. Ya no están los reformatorios, como antes; sino que tenemos las comunidades abiertas, como sería la Casa de Contención acá en Tandil o comunidades cerradas, como es el caso del Instituto Lugones, en Azul, que es lisa y llanamente, una cárcel de menores. A ese lugar va quien tiene condena por un delito grave, no la mayoría de los chicos”.

 

“NO SE PUEDE TENER A MENORES DETENIDOS EN COMISARÍAS”

La fiscal sabe y entiende que en buena parte de la sociedad, cunde la teoría de que hoy los menores cometen delitos bajo el remanido axioma de que “entran por una puerta y salen por la otra”.

 

“El menor que comete un delito grave, queda detenido. No es entregado a los padres. Pero hoy no tenemos herramientas para intervenir en otros delitos leves o con menores de 16 años”

 

“Para que la gente lo visualice: en 2016, en toda la jurisdicción de esta fiscalía que es Tandil, Rauch y Benito Juárez, no hemos tenido ningún homicidio, cometido por un menor. Y en lo que va de 2017, por suerte tampoco. No tenemos violaciones seguidas de muerte, ni tampoco robos con armas con demasiada violencia. Sí arrebatos y ese tipo de delitos. Pero no del tipo de delito de ingresar a una casa armados, tener retenidas a las personas, ese tipo de cosas tampoco hemos tenido el año pasado. Los delitos que más se repiten, cometidos por menores, por supuesto, son hurtos simples, robos menores, en general contra la propiedad”, sostiene la Dra. Marsiglio, en una extensa charla con ABCHoy en su despacho.

Respecto del malestar que se instala cuando los chicos son reintegrados a sus progenitores a pocos minutos de cometer un delito, la funcionaria judicial asegura: “lo que nosotros tenemos que tener, son herramientas. Por eso insisto en que se debe modificar el régimen penal juvenil. Hoy se hace lo que se puede hacer con lo que marca la ley. Cuando el delito es grave, el menor no es entregado a nadie, porque queda detenido; pero cuando son delitos considerados menores, con penas menores de dos años, como hurtos simples, amenazas, lesiones leves, violaciones de domicilio, daño, son no punibles en el régimen actual, porque lo establece la ley nacional. Mientras no se modifique la ley nacional, nosotros no podemos intervenir en relación a esos delitos”.

“Los menores son reintegrados rápidamente a sus padres –explica-, porque por ley, no pueden permanecer detenidos en comisarías. Y como no hay un lugar de alojamiento para ellos, se les debe dar la libertad inmediata, porque hay una norma en la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, donde se establece que un menor no puede estar detenido en una comisaría”.

Esto demuestra para la fiscal que “no es cuestión de bajar la edad”, sino que hay una escasez de recursos.

“Tendría que haber una alcaidía donde pudieran estar los menores, que es lo que creó la ley provincial y nunca se implementó. Tendríamos que tener un sistema de intervención con la familia, instancias de conciliación con las víctimas o con la comunidad, donde el chico se haga responsable. Todo eso debe generarse, porque no hay legislación respecto a eso. Es importante que se reforme la ley nacional de responsabilidad penal juvenil, pero espero que si bajan la edad, también se creen dispositivos de este tipo, para que haya concientización, revinculaciones, reparación de daños, etc. A mí criterio, la edad no debe bajarse si es solo para reprimir, porque no solucionás nada. Si se baja, que sea para intervenir con un mecanismo en el que el chico se responsabilice y repare el daño que causó. Las cuestiones represivas no ayudan a ningún adolescente”.

 

“La comunidad tiene que estar abierta a tolerar y a tener una mirada similar a la que tendríamos con nuestro hijo”

 

 

“SI NO HAY FAMILIAS SANAS, NO HAY CHICOS SANOS”

Casada con un tandilense y madre de una hija, Marsiglio convive permanentemente con jóvenes problemáticos, que en muchos casos reinciden permanentemente en el delito.

En ese sentido, la fiscal apunta que “en general te manifiestan que quieren cambiar de vida, la cuestión es que muchas veces su entorno no se los permite. Atrás del delito, en la mayoría de los casos, en el 90%, hay algún tipo de adicción o consumo de sustancias, o sea que hay un problema de salud importante; también hay problemas de necesidades insatisfechas; de chicos que han dejado la escuela, etc. ¿Cómo hacés que ese chico sostenga su voluntad si sigue estando en la misma situación? Es un tema integral. Hay que solucionar las necesidades y gestionar y conseguir alternativas y que ellos se estimulen y se den cuenta de que las tienen. Es todo un proceso”.

“Los chicos te dicen que quieren trabajar. Todos te lo dicen. Ahora, ¿dónde está el trabajo? ¿Quién les da trabajo? Si saben que tienen una causa penal, nadie les da trabajo. Hay padres que se quejan porque algunos de estos chicos son compañeros de sus hijos en la escuela. Los chicos en edad adolescente, son los que realmente tienen posibilidades de salir del delito, porque en la vida adulta es más complejo y difícil”, opina.

Para la fiscal, “en algún punto, el adolescente que está en el delito, está llamando la atención. La de sus padres, a su familia y al Estado también. De que están teniendo un problema. Debemos ayudarlos a salir de los problemas. Deben ser motivados en la escolaridad, en los oficios, en el deporte, en el arte, si encuentra una alternativa de vida, el chico sale. Pero si no logramos eso, el chico no tiene un horizonte y solo no puede, porque además, está peleando con su problema de adicción”.

“Tenemos jóvenes que han cometido un delito, pero no necesariamente están condenados a ser delincuentes. Su personalidad todavía está en formación. Hoy incluso vemos niños muy chicos, que están pidiendo ayuda”, reflexiona esta fiscal, con una mirada abarcativa, que nos pide entender que “los jóvenes son producto de las familias que tenemos. Son hijos de la comunidad. Cuando no hay familias sanas, no hay hijos sanos. La primera responsabilidad de formación, es de la familia. Hay chicos con necesidades económicas, pero hay muchos con carencias afectivas, que caen en lo mismo”.

 

“Hoy nos faltan herramientas y por eso es importante la reforma del sistema penal juvenil”

 

Finalmente, Marsiglio ofrece una reflexión a la sociedad en general, en la que reclama que “debemos plantearnos qué tanto estamos comprometidos con nuestra juventud y en la formación de nuestros hijos. Todos tenemos que involucrarnos. Y además, la comunidad tiene que estar abierta a tolerar y a tener una mirada similar a la que tendríamos con nuestro hijo. Si nuestro hijo infringe la ley penal, esperaríamos que se lo trate de una manera, que es la misma que deberíamos pretender para los hijos de los demás. Y tenemos que estar abiertos a recibirlos en la comunidad educativa, en el ámbito laboral, etc.”.

En cuanto al esquema de trabajo del Fuero Penal Juvenil, la fiscal asegura que ante el volumen de expedientes que se tramitan en su órbita, “no sería necesaria otra fiscalía”, aunque sí hay gestiones para la instalación en nuestra ciudad de un Juez con competencia en Responsabilidad Penal Juvenil, porque actualmente estos procesos deben trasladarse a la ciudad de Azul, con todas las complicaciones que ello conlleva.

 

 

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