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Tasa Municipal de Seguridad, ¿Lunghi podrá defendernos?

OPINIÓN $datos[

El dirigente Carlos Mansilla asegura en esta nota que “la seguridad ciudadana, en su más amplio sentido, también es una cuestión municipal”. A continuación, el texto que nos envió el ex concejal. 

“La Constitución de la Provincia de Buenos Aires no prohíbe a los municipios legislar en esta materia, es más, una actualizada, armónica y realista interpretación de los preceptos constitucionales incluye a la seguridad dentro de los intereses y servicios locales, para lo cual la Legislatura ha deslindado las atribuciones y responsabilidades de los municipios, confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan atenderlos eficazmente (artículo 191, Constitución Provincial).

Así, desde hace ya mucho tiempo, y en cumplimiento de este mandato constitucional, la Legislatura bonaerense dispuso que “las ordenanzas deberán responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, SEGURIDAD, moralidad, cultura, educación, protección, fomento, conservación y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales y nacionales” (artículo 25 y 27 inciso 28 de la Ley Orgánica de las Municipalidades).

Con base en esta facultad el actual Gobierno Municipal (luego de negarse por egoístas intereses políticos durante mucho tiempo) en el año 2012 mediante Ordenanza dispuso recaudar recursos específicos y gastarlos con destino a la seguridad ciudadana. Lo hizo mediante la afectación de parte de la recaudación de la Tasa Retributiva de Servicios. En el año 2015 llegó a ser del 5% de esos ingresos.


Asimismo, en febrero de 2014 mediante la sanción de la Ordenanza 13.843 (complementada luego por las Ordenanzas 14869 y 14881) se creó el Sistema Integrado de Protección Ciudadana y a fines de 2015 la Tasa Complementaria de Protección Ciudadana para financiar este “nuevo servicio municipal”. Ello en el ámbito de sus propias facultades y coordinando con la provincia.

Consecuentemente, sostener su inconstitucionalidad es erróneo, no solo jurídicamente sino también desde una visión realista de la defensa de los intereses de los vecinos tandilenses.

Cabe preguntarse: quién podrá defendernos del delito sin recursos suficientes?  

La inseguridad ciudadana, junto a los problemas económicos (empleo, acceso a la vivienda, calidad de la educación, etc) encabeza la lista de los intereses de los vecinos tandilenses, ello producto del fracaso de políticas públicas de prevención y persecución del delito y de cohesión social proclamadas durante muchos años.

Hoy es necesario dar soluciones. Para ello se creó este nuevo servicio municipal, que aún esperamos signifique un cambio verdadero y que, claro está, debe ser acompañado de muchas otras tareas públicas y privadas que exceden esta opinión.

Cuestionar constitucionalmente estas Ordenanzas tandilenses (judicializando la cuestión en busca de protagonismo mediático) tratando de asimilarlas a casos anteriores de las Municipalidades de Coronel Pringles y Salto, es desviar la atención hacia planteos alejados de nuestra realidad en este tema. Allí se trataron casos muy diferentes, y no aplicables al nuestro.

En Tandil se financia un servicio municipal, insisto, bueno regular, o malo, pero municipal. Y para eso hay que invertir dinero.

Con palabras o escritos judiciales eso no se logra. Y solo reclamando dinero a la quebrada Provincia de Buenos Aires tampoco. Hasta ahora esa política ha fracasado. El mapa del delito tandilense así lo demuestra.

Hay que cambiar en serio. Y utilizar las facultades municipales para ello, otras ciudades lo han hecho con buenos resultados. Aún esperamos que Tandil se ponga rápidamente los pantalones largos.

Hace pocos días la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dictado una resolución otorgando una medida cautelar a un ciudadano que dijo no poder pagar esa tasa y suspendió solo para su caso personal el cobro de la misma. Esto generó pánico en las finanzas municipales y nueva pérdida de tiempo y esfuerzos. También ha evidenciado nuevamente una demora desmedida en implementar los cambios prometidos y que ahora cuentan con los millones de pesos suficientes para hacerlo. Recursos municipales y provinciales.  

Claro está que en un escenario de aumento desmedido de los costos de las familias (luz, gas, combustibles, transporte público, medicamentos, etc) muchos vecinos cuestionan todo nuevo gasto, pero debemos ser sinceros: más caro sale vivir en una sociedad insegura y cada vez más violenta. El delito hoy actúa mas rápido que la respuesta estatal disponible. Esta es nuestra realidad   

Nosotros consideramos que judicializar este tema no es conveniente. Es más productivo enfocar nuestras energías ciudadanas exigiendo CALIDAD EN LA CONTRAPRESTACIÓN que la Municipalidad nos da por el servicio que pagamos. Nuestros concejales (oficialistas y de todos los partidos) tienen la obligación de legislar y controlar que ese objetivo se cumpla. También hay que poner el ojo en los funcionarios provinciales, nacionales y policiales. Los vecinos debemos participar también y si vemos que las cosas mejoran seguramente pagaremos contentos.

Podrá el Intendente Lunghi defendernos? Quiere hacerlo?

Esperamos que sí.

Carlos Andrés Mansilla

Tandil, mayo 12  de 2016.”

Centro Médico Veterinario Villa Italia

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